La existencia misma de las pensiones alimentarias revela una profunda herida moral en nuestras sociedades. Resulta paradójico que sea necesario un marco legal que obligue a ciertos progenitores a cumplir con un deber que debería nacer, sin imposición, de la más elemental conciencia ética y humana. ¿Qué dice de nosotros como civilización el hecho de que existan leyes para proteger a quienes nunca debieron ser desprotegidos? En este texto se reflexionará sobre la moralidad de este sistema, no para cuestionar su necesidad práctica, sino para señalar el fracaso ético que representa.


El origen histórico de un mecanismo necesario

El concepto de pensión alimentaria tiene raíces antiguas. Desde el Derecho Romano se reconocía cierta obligación de los padres hacia los hijos, aunque en muchos contextos primaba el poder patriarcal sobre el bienestar infantil. Fue con el desarrollo del Estado moderno y del reconocimiento progresivo de los derechos del niño que surgieron mecanismos legales explícitos para garantizar la manutención de los menores.

Sin embargo, detrás de cada avance legal subyace un problema ético: la ley solo interviene donde falla la moral. Como señaló Immanuel Kant,

“Obra de tal modo que puedas querer que tu máxima se convierta en ley universal.”
— Immanuel Kant

Si todos los progenitores actuaran conforme a este imperativo categórico, las pensiones alimentarias serían innecesarias.


Un espejo contemporáneo de irresponsabilidad

En la actualidad, las pensiones alimentarias cumplen una función protectora indispensable. No obstante, su necesidad revela aspectos inquietantes de nuestras sociedades:

  • Normalización del abandono: La existencia de sistemas robustos de cobro sugiere que el incumplimiento parental no es un hecho marginal, sino lamentablemente frecuente.
  • Desigualdad de género: Históricamente, son las madres quienes asumen mayoritariamente la carga emocional y económica del cuidado, mientras que los casos de evasión provienen en su mayoría de progenitores masculinos.
  • Instrumentalización legal: Para algunos, el pago de la pensión se convierte en un mero trámite impuesto, desvinculado de cualquier sentimiento de corresponsabilidad o afecto hacia el menor.

Aceptar este estado de cosas como normal es una peligrosa resignación moral.


La dimensión simbólica del abandono

Más allá de lo material, el incumplimiento de las obligaciones parentales constituye un acto de abandono simbólico. Los niños no solo necesitan recursos; requieren sentir que su existencia importa, que quienes los trajeron al mundo asumen su presencia con dignidad y compromiso.

“Lo que hacemos por los niños, no solo queda en sus memorias, sino en la estructura misma de su ser.”
— DesdeLaSombra

La pensión alimentaria, cuando es impuesta por necesidad, se convierte en una confesión tácita de este abandono. No hay cantidad monetaria que repare la herida emocional que ello provoca.


Desde un punto de vista ético, la existencia de las pensiones alimentarias plantea un dilema incómodo:

  • Por un lado, son un mecanismo necesario para proteger a los menores en contextos de irresponsabilidad adulta.
  • Por otro, su necesidad misma evidencia el fracaso de la conciencia moral colectiva.

El reto es no caer en la trampa del legalismo. Cumplir con la ley es el mínimo exigible; aspirar a una ética del cuidado y la corresponsabilidad es el horizonte moral deseable. Como escribió Martha Nussbaum:

“Una sociedad decente es aquella en la que los más vulnerables pueden florecer.”
— Martha Nussbaum (2006)

El reto no es solo hacer cumplir la ley, sino cultivar una cultura donde el cumplimiento sea natural y no impuesto.


Hacia una cultura de la responsabilidad consciente

¿Cómo avanzar hacia un modelo en que las pensiones alimentarias sean una herramienta residual y no una necesidad estructural? Algunas claves son:

  • Educación ética temprana: Fomentar en la infancia y juventud valores de corresponsabilidad y cuidado.
  • Cambio cultural: Promover narrativas que dignifiquen el rol parental responsable y visibilicen las consecuencias del abandono.
  • Revisión crítica de los discursos legales: Asegurar que el cumplimiento no sea visto como un castigo, sino como una oportunidad de restablecer el vínculo moral con el menor.
  • Apoyo comunitario: Generar redes que acompañen a las familias en contextos de vulnerabilidad y fortalezcan los lazos afectivos.

La ley seguirá siendo necesaria mientras haya irresponsabilidad. Pero no podemos conformarnos con ello. Debemos aspirar a sociedades donde el deber moral preceda a la imposición legal.


Conclusión

Que existan pensiones alimentarias es, tristemente, necesario. Que tengan que existir es, sin duda, inmoral. Cada caso documenta un pequeño naufragio de nuestra ética colectiva.

“La verdadera medida de una sociedad es cómo trata a sus miembros más vulnerables.”
— DesdeLaSombra

El abandono de los menores por parte de quienes deberían protegerlos es una herida que ninguna ley puede suturar por completo. Por ello, más allá del cumplimiento legal, es urgente promover una conciencia renovada sobre la paternidad, la maternidad y la corresponsabilidad. Solo así podremos aspirar a un futuro donde las pensiones alimentarias sean no más que un vestigio de un pasado menos justo.


Referencias

  • Kant, I. (1785). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Editorial Tecnos.
  • Nussbaum, M. C. (2006). Las fronteras de la justicia: consideraciones sobre la justicia global. Paidós.